El calendario electoral no da respiro. Y eso afecta la agenda parlamentaria, que avanza con espasmos. En un claro en la campaña, comenzó a discutirse en el Congreso la cuestión de la extranjerización de la tierra. Un tema estratégico que, desde el Ejecutivo, contó con la presentación de un proyecto pensado para limitar el despliegue foráneo en el territorio nacional.
“Según entiendo, era una preocupación que tenía Néstor Kirchner y que logra concretarse gracias a la voluntad política de Cristina y el trabajo que coordinó el ministro Julián Domínguez”, asegura Florencia Gómez, abogada y especialista en políticas de tierras rurales, que integró el equipo jurídico que elaboró el proyecto K, y es referente de la temática en la Corriente Agraria Nacional y Popular. Oriunda de Santiago del Estero, Gómez trabajó en el Mocase (Movimiento Campesino de la provincia) hasta que viajó a Buenos Aires para realizar una Maestría en Administración Pública y hoy es asesora del Ministerio de Agricultura.
–¿Por qué los K se interesaron en el tema?
–Básicamente porque durante los últimos viajes que realizó la Presidenta al exterior surgió un interés recurrente sobre la adquisición de tierras en el país. Cuando las comitivas se juntaban para hacer acuerdos comerciales, uno de los temas que siempre terminaban discutiendo era la cuestión de la compra de tierras. Si a eso se le suma el aumento de compras de activos agrícolas por parte de extranjeros que ya se concretaron, las proyecciones de crecimiento poblacional a nivel mundial y la consecuente necesidad que habrá de producir más alimentos para satisfacer la demanda, claramente queda en evidencia que debía y debe pensarse esta cuestión desde una mirada estratégica que la Presidenta claramente posee.
–¿Vale la pena aun cuando ya hay casos como el de Tompkins, en Corrientes, o Lewis, en Río Negro, que tienen grandes extensiones?
–Sí. Pero hay que decir algo antes: la cuestión de la tierra hace 200 años que no se discute en la Argentina. Desde la conformación del Estado argentino existió un proceso de concentración y extranjerización de la tierra que ha sido arbitrario. De todos modos, es importante señalar que la tierra no era entendida como recurso sino como un objeto susceptible de ser comercial y permitir el financiamiento para objetivos que se había propuesto el país.
–¿Esto cambia con el proyecto de ley actual?
–Sí, porque la normativa entiende que la compra de tierras no es una inversión. En los ’90, la extranjerización en la adquisición de tierras cobró fuerza de la mano de las condiciones legales, políticas y económicas que lo permitían. Con la reforma de la Constitución en el ’94, la cuestión de los recursos naturales se incorporó en el artículo 124, estableciendo que el dominio originario de los recursos era de las provincias. En ese momento, la Convención Constituyente dejó a un lado la cuestión de la jurisdicción, que determina la facultad de poder decir el derecho o regular sobre esos recursos.
Es decir, quedó un vacío legal en torno a esa cuestión. Por otro lado, se determinó que los Tratados Bilaterales de Inversión –herramientas que post Consenso de Washington sirvieron para promover la apertura financiera, comercial, el achicamiento del Estado, etc.– tuvieran jerarquía supralegal, permitiendo que la compra de tierras se entendiera como inversión y que, en caso de conflicto, lo resolviera el CIADI. Este proyecto viene a corregir esta situación y a resguardar los intereses soberanos del Estado argentino ya que ningún Estado puede dictar normas contrarias a sus intereses ni suscribir acuerdos que afecten el orden público constitucional.
–Y a esa cuestión se le agrega que cada provincia creó su propio esquema de registros.
–Sí. La disparidad de los registros catastrales en los distritos es problemática porque tiene regímenes, dependencias e información diferente. Apuntamos a unificar esa información. –De todos modos, la compraventa de tierras no depende sólo de los Estados provinciales...
–No, hay competencia de los Estados pero también de los privados. El caso de Lewis es ícono de la transgresión. Él compró una propiedad, que tenía parte de un lago y era aledaña a otra donde ese lago se continuaba y que formaba parte de un espacio de uso de reservas naturales de la provincia de Río Negro. Es decir, era imposible que le fuera vendida. Sin embargo, la Legislatura local desafectó esa zona del régimen de reserva natural, determinando nuevas longitudes y latitudes de la misma. De ese modo, Lewis pudo adquirir la tierra, anexarla a la propiedad que ya tenía y ser el único con acceso al lago. Claramente, ahí hubo responsabilidad pública y privada de quien vende grandes extensiones del suelo a extranjeros. Igual ahora el caso está en discusión por una denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Nación que detectó una irregularidad en la compra porque se hizo en Buenos Aires a nombre de un nacional y la propiedad se inscribió a nombre de un extranjero en Río Negro.
–El proyecto de ley del Ejecutivo determina que sólo el 20 por ciento del total del territorio nacional puede quedar en manos de extranjeros. ¿Qué sucedería si, una vez hecho el relevamiento de tierras, se determina que el porcentaje ya está cubierto?
–La información nos permitirá determinar, primero, si el 20 por ciento es mucho o poco. Pero, más allá de eso, si hay un 15 por ciento que ya está en manos de extranjeros, sólo quedará un 5 para ventas. Y, además, a esta limitación se le agrega la referida al máximo de mil hectáreas que incide en la cuestión de la concentración. También se generó controversia respecto de por qué el proyecto no consideraba la particularidad de los pueblos originarios.
Es necesario remarcar que hay que tener en cuenta que se trata de una ley específica. Desde el Ejecutivo, la normativa se pensó para llenar un vacío en relación a una cuestión geopolítica y estratégica: preservar los recursos rurales de y para los argentinos, como una medida de protección en el contexto global de crecimiento poblacional y de crecimiento en la demanda de energía y alimentos. No es una ley general de suelos o de tierras. Y vale aclarar que tampoco quedó afuera la cuestión de los pueblos originarios: la Presidenta firmó el decreto 700/2010, con el que propuso la creación de la Comisión de Instrumentación y Elaboración de la Propiedad Comunitaria Indígena, para que comenzara a discutirse la elaboración de una ley específica.
–Sostiene que hay que pensar la importancia de la ley a largo plazo. ¿Por qué?
–Para entenderlo, vale pensar en que el proyecto cala en el sentimiento popular a través de los hijos. De alguna manera, les garantiza a nuestros hijos su tierra, su alimento, su acceso al agua. Cuando uno escucha a los agricultores familiares o a los pequeños productores, comprende que están preocupados por lo que le dejarán a su familia. Qué dejarles a los hijos. Y yo lo pienso así.
Florencia Gómez: Especialista en políticas de tierras rurales
Por Luz Laici - Foto: Horacio Paone